“Conflictos” en la Solución Alternativa de Conflictos Tributarios

Destacados abogados tributarios han felicitado la incorporación de mecanismos alternativos de solución de conflictos en el Proyecto de Modernización Tributaria como la mediación y el avenimiento. Sin duda, un avance en la dirección correcta contar con estas herramientas para prevenir y solucionar prontamente las controversias con la administración. Sobre todo, para pequeños contribuyentes y PYMES que no pueden sostener largos juicios tributarios considerando los costos y los intereses legales de liquidaciones pendientes o el costo oportunidad de los recursos involucrados.

Por lo mismo, es de esperar que su implementación considere las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia, para que las expectativas que se han creado tengan un corolario en la realidad que brinde mayor certeza y eficacia a los juicios tributarios y que no se transformen en letra muerta o en normas de escaso efecto práctico, cuya inclusión en el proyecto tengan por finalidad crear la apariencia de una mejora en el derecho a defensa de los contribuyentes para “compensar” otros aspectos de la reforma, sin mayor impacto en la celeridad de los procesos.

Cabe recordar, que la última reforma tributaria de La Ley N° 21.039 de 2017, introdujo el mecanismo de la Conciliación en los juicios tributarios, en que el Juez Tributario y Aduanero propone bases de acuerdo a las partes (contribuyentes y SII) pudiendo poner término al juicio por esta vía, antes de dictar sentencia. Pero, la norma consideró que ese acuerdo debe previamente ser aprobado por el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, trámite que además de intervenir o tutelar una materia de conocimiento exclusivo de los tribunales de justicia y, por tanto, de dudosa Constitucionalidad, por tratarse de una intervención en el ejercicio de la jurisdicción afectando el principio de independencia del Poder Judicial, más aún cuando se trata de una de las partes en conflicto. Además, atenta contra la celeridad del proceso.

En este sentido, la Ley no estableció plazo para que el Director del SII se pronuncie, sólo se considera que la aprobación debe ser fundado, imaginamos que el rechazo también, pero la norma estableció además que si el Director no se pronuncia dentro de 30 días la conciliación propuesta se entenderá rechazada, lo que resulta inexplicable. Pues bastará el transcurso del tiempo señalado para rechazar la solicitud perdiéndose el esperado fundamento, en último caso, para perfeccionar futuras conciliaciones.

En cuanto al efecto práctico de este mecanismo alternativo de solución de controversias. Según datos obtenidos del ente Administrador de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (vía Ley de Transparencia) desde noviembre de 2017 en que entró vigencia esta norma, sólo el 0,8% de los juicios, iniciados y terminados en el periodo, se ha resuelto por esta vía (8 de 1065 causas). Sería interesante saber cuántas conciliaciones no vieron la luz por haber sido rechazadas por el Director del SII o se entendieron rechazadas por el simple transcurso del tiempo.

Nuestra Facultad se ha propuesto aportar al debate de los temas importantes del país, y al desarrollo de las Ciencias Jurídicas, la incorporación en nuestro sistema jurídico de los mecanismos alternativos de solución de controversias (también conocidos por su sigla MASC o ADR en el mundo anglo sajón) es uno de ellos, y que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años. Es por eso, que nuestra Facultad participa de la Red de Mediación de Chile y se ha promovido la participación de nuestros académicos mediante una ponencia en las PRIMERAS JORNADAS NACIONALES DE MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS, a desarrollarse en Temuco, los días 22 y 23 de agosto de 2019, en la Universidad Católica de Temuco. El eje temático de estas Jornadas será “DIÁLOGO Y CONFLICTOS INTERCULTURALES”. Tres de nuestros académicos, las profesoras Pilar Armanet y Alicia Castillo y el profesor Marco Valdés, ya han comprometido su participación. Felicitamos nuestros académicos por contribuir a la calidad del debate en este tema de gran actualidad.

Marco Vega

Decano Facultad de Derecho